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Retos en la relación México-EE. UU. en materia ambiental


Por Ana Luisa Guerrero

Ciudad de México. 31 de marzo de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- Recientemente, el presidente Donald Trump emitió la llamada “orden ejecutiva de independencia energética” que elimina más de media docena de medidas ambientales para Estados Unidos, promulgadas por su antecesor. Se trata de una decisión que refuerza el uso de combustibles fósiles en detrimento de los acuerdos internacionales sobre la reducción de emisiones contaminantes (gases de efecto invernadero) en los sectores industriales. 

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¿En qué afectan estas determinaciones a nuestro país? México y Estados Unidos tienen una larga tradición de cooperación binacional en materia de medio ambiente que data de 1936, cuando firmaron un acuerdo para la protección de aves migratorias y mamíferos cinegéticos, y al que le siguió una serie de documentos en materia de contaminación de agua, aire y suelo; para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza, en conservación de bosques y ecosistemas; en manejo de océanos y costas, sobre cooperación en parques nacionales, en materia de calidad del aire en la Ciudad de México, e incluso sobre cambio climático global, entre otros.

A través del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), firmado en 1993 y en el que también participa Canadá, se proponen atender asuntos ambientales de preocupación común, contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales derivados de la relación comercial y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental en los tres países.

Dr.-Gustavo-Sosa-Núñez.jpgDr. Gustavo Sosa Núñez.Este acuerdo —que creó la Comisión para la Cooperación Ambiental— es paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1992, y que a la fecha el primer mandatario de Estados Unidos pretende renegociar.

Frente a este escenario, el gobierno mexicano debe poner en la mesa tripartita el tema de medio ambiente, procurando que las disposiciones en torno a la protección y conservación sigan presentes, considera el doctor Gustavo Sosa Núñez, académico del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Instituto Mora).

Y es que en el TLCAN se estipula que este intercambio comercial no debe afectar el medio ambiente, de ahí que las autoridades mexicanas pugnen por salvaguardar esa premisa, más cuando las acciones de la Casa Blanca están encaminadas a desmantelar la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés).

El especialista en temas de cooperación internacional en política medioambiental dice a la Agencia Informativa Conacyt que otro punto al que debe ponerse atención, además del contexto del ACAAN y el TLCAN, es el contexto en el cual quedará la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), asentada en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se encarga de aprobar proyectos de infraestructura en materia de agua, calidad de aire y gestión de residuos en la franja fronteriza; y del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), con sede en San Antonio, Texas, que otorga préstamos para el financiamiento de dichos proyectos.

“Es evidente que las disposiciones que se están proponiendo en materia ambiental tendrán implicaciones en la cooperación, incluso en proyectos que se realizan en México con auspicio de esas instituciones. Entonces tenemos que ver cómo se replantearán y qué efectos puedan tener en proyectos ambientales que actualmente se realizan en la frontera”, refiere.

El doctor en ciencia política por la University of East Anglia, detalla que en su momento Estados Unidos y Canadá pugnaron por un acuerdo medioambiental paralelo al TLCAN por su preocupación de que muchas empresas se instalaran en México debido a que tenía regulaciones más laxas en la materia.

“Lo curioso es que ahora puede haber un efecto a la inversa, y eso sería preocupante. Además, si Estados Unidos está desregulando en materia ambiental ¿qué pasará acá?, muchas empresas en México argumentarán que para ser competitivas deben cumplir normas iguales o similares a las norteamericanas, entonces habría un efecto cascada negativo para el país”, cuestiona.

México, política exterior que no se aplica en casa

Nuestro país ha destacado en el plano internacional por ser un impulsor de la cooperación internacional en temas de medio ambiente. En 1972 se realizó la Cumbre de Estocolmo, en Suecia, a partir de la cual esta agenda comenzó a tener un gran peso en México a través de la adopción de medidas para la gestión ambiental en el territorio; en la década de los 80, suscribió múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales, mientras que en la siguiente década se crearon dependencias gubernamentales encargadas del diseño de programas y de promover la investigación necesaria en materias relacionadas con el medio ambiente: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En años recientes, ha seguido siendo parte de las acciones internacionales, fue sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) en 2010, y de la Cumbre Mundial de Biodiversidad el año pasado; mostrándose como un puente de comunicación entre los países desarrollados y en vías de desarrollo para abordar temáticas ambientales.

Dra.-María-Cecilia-Costero.jpgDra. María Cecilia Costero.Sin embargo, la firma de los acuerdos y la partición en foros internacionales no han sido contundentes para que, al interior, se ejecuten acciones contundentes, como lo señala Ana Domínguez en el ensayo Medio ambiente y política exterior de México: antecedentes, situación actual y perspectivas: “Hemos suscrito alrededor de 100 acuerdos internacionales ambientales por lo que la agenda internacional de México en materia ambiental es muy amplia y compleja. No obstante, los compromisos que establecen las convenciones ambientales internacionales adoptadas en el marco de foros multilaterales, como las Naciones Unidas, son muy generales. Si bien estas actividades han ayudado al desarrollo y actualización de nuestra legislación interna, muchas veces nuestro gobierno no participa en la adopción de programas con metas más concretas y medidas más específicas”.

Al respecto, la doctora María Cecilia Costero Garbarino, investigadora de El Colegio de San Luis (Colsan), apunta que seguimos siendo un país en vías de desarrollo, con sectores económicos y productivos que operan con métodos altamente contaminantes.

“Existen acuerdos binacionales, participamos en foros de diálogo bilateral, pero no ha habido un verdadero compromiso sobre cómo hacemos para lidiar en ambos países sobre sectores económicos productivos que son altamente contaminantes, por aquellos asentados en la frontera, como la manufactura del sector textil o la maquiladora automotriz”, lamenta.

En décadas recientes, asevera, ha menguado la política exterior mexicana dejando fuera de la agenda lo relacionado con el medio ambiente.

“La brillante política exterior que tuvo el país hasta la década de los 80 decayó, tanto con los regímenes políticos de la transición como con los propios priistas, tenemos una política exterior en que estos temas parecerían que no forman parte de la política exterior y que son intranscendentales”, dice.

La estudiosa de las inversiones de Estados Unidos y Canadá en México resalta que ahora que el TLCAN es tema coyuntural tras la política emprendida por Donald Trump, los tratados en la materia están en riesgo debido a que pondera los flujos de inversión de los sectores económicos, por encima de la reglamentación ambiental.

¿Qué hacer?

ambiente-rec1-33117.jpgPara el doctor Gustavo Sosa, el primer paso es poner el tema sobre la mesa de diálogo en el ámbito trilateral, en el que podría acercarse a Canadá —que actualmente tiene un gobierno sensible a estos temas— propiciando la negociación para impulsar una ruta de preservación de los acuerdos ambientales.

En el ámbito bilateral, considera que el gobierno mexicano debe estar preparado para el impacto del “desmantelamiento” de la EPA y del freno a los recursos que financian proyectos de infraestructura fronterizos y de protección ambiental en la frontera.

Finalmente, refiere que una vía podría ser la búsqueda de esquemas de cooperación entre los estados fronterizos mexicanos y estadounidenses, con el sector privado y la academia, a fin de no detener las acciones que se ejecutan al momento, con miras a continuarlos en los próximos años.

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